La política fiscal 2018-2022

La idea básica de las democracias es limitar y controlar el poder. Quienes están en una posición de poder suelen olvidar eso, principalmente porque el poder cambia a las personas. Estudios muestran que tiende a inflar el narcisismo, en especial cuando las personas tienen ya un alto nivel de testosterona o anomalías a nivel cerebral que son propias del narcisismo patológico: materia gris reducida en áreas del celebro cruciales para la cooperación, empatía y ética (la corteza cerebral y la ínsula anterior).

Cuando es sabido que el poder corrompe a las personas, y considerando que el gasto público implica poder, cualquier democracia debería, en consecuencia, destinar un esfuerzo permanente a la tarea de limitar las discrecionalidades relacionadas con el manejo de los ingresos y gastos públicos, de reducir excesos en las atribuciones de la política, y de aumentar la transparencia fiscal.

Jeannette von Wolfersdorff Co-fundadora y directora del Observatorio del Gasto Fiscal de Chile

En este sentido, al concluir el gobierno del Presidente Piñera, en política fiscal han habido avances positivos, aun cuando no han sido glamorosos. También hubo retrocesos, pero la principal crítica al período presidencial 2018-2022 en materia fiscal debe ser el hecho de no haber impulsado ninguna mejora estructural importante, en un momento de crisis que hubiese sido idóneo para ello.

La normalización del gasto en el Presupuesto 2022 a niveles prepandemia fue una noticia muy positiva, igual como la creación del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en 2019. Sin embargo, faltó darle al CFA un mayor marco presupuestario asegurado y un acceso adecuado a datos fiscales para poder cumplir bien su función. Probablemente, la razón de no avanzar decididamente en esta dirección es el hecho de que estos ajustes necesarios delimitarían más el poder en Hacienda, al que le sigue pesando su cultura colonial. Voces y recomendaciones de inquilinos no son bienvenidas.

El Ejecutivo sí hizo múltiples avances positivos en el portal de "Presupuesto Abierto". Pero aparte de luces excepcionales como esta iniciativa, los datos que Hacienda generalmente elige abrir, se manejan bajo un paraguas llamado "transparencia selectiva". En 2021, el FMI lo formuló así: (en Chile) hay que fortalecer la independencia e integridad de los datos fiscales, "mitigando la posibilidad de interferencias políticas en la producción de estadísticas fiscales".

Un resultado a la vista es que la data entre los diversos informes presupuestarios todavía no se presenta de manera homóloga. El mensaje presidencial de la ley propuesta se elabora con cifras distintas que el Informe de Finanzas Públicas o los cuadros analíticos que explican los principales cambios del nuevo presupuesto según programa. Algunos informes se presentan con cifras de presupuestos netos, otros brutos, algunos incluyen transferencias, inversiones o la partida del tesoro público, otros no. Además, en los cuadros analíticos no se netean las transferencias entre programas presupuestarios, lo que hace imposible entender las cifras de crecimiento real del presupuesto propuesto en cada uno de ellos. Una misma transferencia que pasa por varios programas se presenta como un aumento múltiple, como si fuera la multiplicación de un pan milagroso.

El sistema presupuestario chileno sigue manteniendo además un vínculo frágil entre los objetivos de políticas públicas y el presupuesto –destaca también el FMI. Más allá de las declaraciones bien intencionadas de algunas autoridades, la Dipres efectivamente no ha recibido todavía un mandato claro de avanzar en un Presupuesto basado en resultados, o un Presupuesto que informe de forma más clara sus resultados –ni menos de partir un proceso para consensuar de forma seria estas mejoras con el Congreso. A nivel de equipos sí ha habido voluntad para avanzar. Entre otros, se mejoró la coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a nivel de monitoreo y evaluaciones de programas, y se avanzó en vincular más la oferta programática y el presupuesto, aun cuando no siempre sea tan visible para terceros.

En esa dirección apuntó también la creación de la Comisión del Gasto Público, creada por el Ministerio de Hacienda con el objetivo de recomendarle una agenda de modernización presupuestaria. Sus recomendaciones fueron entregadas en enero de 2021, proponiendo lineamientos para una reforma estructural. Al "sistema presupuestario" le falta justamente una visión sistémica, de forma que desde la presentación y debate de la ley de presupuestos, hasta las evaluaciones y el monitoreo posterior, las distintas etapas se complementen, tengan datos adecuadamente integrados, y se basen en mecanismos objetivos reconocidos por los principales actores. Después de la entrega de las recomendaciones, eso sí, el Ministerio de Hacienda se convirtió en Ministerio Godot. Se "debería dar feedback oportuno y específico", recordó recién el FMI a Hacienda. Se sigue esperando.

Sin duda, la llegada de la pandemia a raíz del Covid-19 implicó redireccionar las políticas y prioridades del gobierno. Pero ello no es razón suficiente de no haber avanzado estructuralmente en materia fiscal. Situaciones de emergencia pueden ser justo un terreno fértil para intereses ya creados, como dijo el FMI, que recomendó aumentar el compromiso con la transparencia fiscal y la rendición de cuentas públicas. En Chile, ello necesitaría la voluntad de reducir algo el poder discrecional en Hacienda, inspirado idealmente en la actitud democrática de Vaclav Havel cuando dijo "estando en el poder, sospecho de mí mismo". En material fiscal, al gobierno del Presidente Piñera le faltó justamente aquello.